Un nuevo escenario regulatorio
La nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile (Ley N°21.719) moderniza el marco regulatorio chileno y eleva los estándares de privacidad, seguridad y control sobre el uso de datos personales. Esta normativa reemplaza a la Ley 19.628 y se alinea con estándares internacionales, reforzando los derechos de las personas y aumentando las obligaciones para empresas y organizaciones que tratan datos personales.
Su entrada en vigencia impacta directamente a los procesos de compliance, debida diligencia y evaluación de contrapartes, especialmente cuando se trata de información sensible y de la gestión del riesgo legal y reputacional.
Acceso a causas penales y límites a la visibilidad como punto de partida
Uno de los puntos más críticos del nuevo escenario es el tratamiento de la información relacionada con causas y antecedentes penales. La ley refuerza su protección y limita el acceso libre o indiscriminado a este tipo de datos.
En la práctica, la normativa no promueve la visibilidad general de antecedentes penales, sino que restringe su tratamiento a fines legalmente autorizados, buscando evitar usos abusivos o desproporcionados y resguardar la privacidad de las personas.
Este cambio se suma a otras restricciones que ya están impactando el acceso a información judicial en Chile. En los últimos años, se han limitado las búsquedas públicas de causas judiciales, lo que ha generado nuevos desafíos para los equipos de cumplimiento y debida diligencia. Puedes profundizar en este contexto en nuestro artículo relacionado: Restricción de búsquedas judiciales en Chile y su impacto en el compliance.
Impacto en las empresas y la debida diligencia
En la práctica, el cumplimiento normativo se pone a prueba todos los días.
Para las empresas, este escenario supone un desafío relevante. La revisión de antecedentes penales y causas judiciales ha sido históricamente una herramienta clave para evaluar riesgos antes de establecer relaciones comerciales, societarias o contractuales.
Con mayores restricciones de acceso, las organizaciones deberán fortalecer sus procesos de análisis, ajustar sus criterios de evaluación y utilizar fuentes de información de forma responsable, sin dejar de cumplir con sus obligaciones legales de prevención y control.
Menor exposición pública y efecto reputacional
Desde una perspectiva de cumplimiento, la menor exposición pública de las causas penales puede generar un efecto colateral relevante: la reducción del daño reputacional asociado a la comisión de un delito.
Aunque la sanción legal se mantiene, la disminución de la visibilidad de estos antecedentes puede atenuar su impacto social y comercial, abriendo un debate entre el derecho a la privacidad y el interés legítimo de las organizaciones por gestionar adecuadamente sus riesgos.
AMLupdate hoy y el escenario futuro
Hoy, AMLupdate permite acceder a información vinculada a delitos penales, pero no se limita únicamente a la consulta de datos. Se trata de una herramienta flexible, que cada organización puede configurar según su realidad y nivel de exposición al riesgo.
A través de AMLupdate es posible categorizar delitos, activar o desactivar tipologías de acuerdo con el impacto en el negocio, asignar niveles de riesgo conforme a la operación y al manual de prevención, y destacar delitos específicos de especial relevancia, evaluando su potencial efecto en la continuidad y reputación de la organización.
No obstante, bajo el nuevo marco de protección de datos, la disponibilidad futura de este tipo de información podría volverse incierta, dependiendo de su interpretación y aplicación normativa. Esto refuerza la necesidad de mantener modelos de cumplimiento actualizados, flexibles y basados en información confiable.
Prepararse hoy para el nuevo escenario de cumplimiento
La nueva Ley de Datos Personales en Chile redefine el equilibrio entre privacidad, transparencia y gestión del riesgo. Para las empresas, el desafío será seguir cumpliendo con sus obligaciones de prevención y debida diligencia en un entorno donde el acceso a información penal puede ser cada vez más limitado.
Anticiparse a estos cambios, revisar los modelos de cumplimiento y contar con herramientas que permitan gestionar el riesgo de forma flexible y responsable será clave para enfrentar el nuevo escenario regulatorio.
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