En los últimos años, Chile ha avanzado en materia de transparencia y control institucional. Sin embargo, los recientes casos de corrupción —como el que involucra a funcionarios de Gendarmería en redes de narcotráfico— demuestran que el compliance en el sector público sigue siendo una tarea pendiente.
Más allá del impacto mediático, este tipo de hechos evidencian fallas estructurales que van desde procesos de selección poco rigurosos hasta la ausencia de mecanismos de monitoreo y trazabilidad. En otras palabras, brechas que un programa de cumplimiento normativo y gestión de riesgos podría haber detectado y controlado a tiempo.
Cuando el cumplimiento no es prioridad
En muchas instituciones públicas, el compliance se percibe todavía como una práctica propia del sector privado o como un conjunto de exigencias normativas.
Sin embargo, su verdadero propósito va mucho más allá del cumplimiento de leyes: implica anticiparse a los riesgos de corrupción, fraude o conflicto de interés, estableciendo controles internos claros, canales de denuncia seguros y una cultura organizacional basada en la integridad.
Cuando estos elementos no están presentes, las instituciones quedan expuestas a la captura criminal, la pérdida de confianza ciudadana y, en última instancia, a la erosión del Estado de derecho.
Lecciones desde el caso Gendarmería
El reciente caso de Gendarmería de Chile, investigado por el Ministerio Público, ilustra cómo la falta de sistemas de control y evaluación de riesgo puede permitir que redes criminales penetren en instituciones estratégicas.
La ausencia de protocolos de detección temprana y de auditorías internas especializadas en integridad genera un terreno fértil para que el crimen organizado encuentre complicidad interna o, simplemente, indiferencia ante las alertas.
La implementación de un programa de compliance público —con evaluaciones periódicas de riesgos de corrupción, monitoreo conductual y capacitación constante— puede marcar la diferencia entre una institución vulnerable y una realmente blindada frente a la corrupción.
Hacia una cultura de integridad pública
El desafío actual no es solo sancionar los casos detectados, sino construir confianza y prevenir que ocurran.
El compliance ofrece una hoja de ruta clara: fortalecer la transparencia, profesionalizar los controles, mejorar la rendición de cuentas y asegurar que las decisiones institucionales sean trazables y verificables.
En un escenario donde el crimen organizado busca constantemente nuevas grietas para operar, la adopción del compliance público no es una formalidad: es una necesidad urgente para proteger la integridad del Estado y recuperar la confianza de la ciudadanía.
Herramientas como las que Gesintel ofrece, ayudan a disminuir considerablemente los factores de riesgos ante una posible corrupción.
Macarena Campomanes Pelayo
Periodista – Supervisora KYC Gesintel Compliance
