La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga los movimientos de una sociedad anónima que asumió los contratos de alquiler de los tres arrendantes con los que se firmó el acuerdo inicial en el Parque Empresarial del Pacífico (PEP). Esta operación funcionó como garantía para que la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) adquiriera el inmueble por $70 millones, pese a que su valor real era mucho menor, razón por la cual se indaga el posible pago con sobreprecio y por ende daño a la Hacienda Pública… Leer más
Fuente: crhoy.com
