21-08-2017

Cohecho fue el delito de corrupción con más imputados durante 2016

Entre 2014 y 2016, el Ministerio Público registró 1.159 procedimientos por vulneraciones a la probidad. Expertos apuntan a que se deben fortalecer las penas.

Pese a que los delitos de corrupción siguen representando una pequeña porción de los casos investigados por el Ministerio Público, desde hace unos años se nota un alza, tendencia que el Ejecutivo busca enfrentar con un proyecto de ley que aumenta las penas asociadas e incorpora nuevas figuras penales.

Según cifras de la Fiscalía Nacional entregadas por Ley de Transparencia a "El Mercurio", entre 2014 y 2016 hubo 1.159 formalizaciones por delitos de corrupción: 57,6% por cohecho, 17,9% por fraude al fisco y 15,7% por malversación. Las penas para estos delitos pueden ir desde una inhabilitación hasta los 15 años de presidio.

En 2016, de los 403 casos de corrupción que fueron revisados por las fiscalías del país, el 63% correspondió a cohecho, delito cuyas formalizaciones aumentaron 44% entre 2014 y 2016, de 175 a 253.

Según el Código Penal, este delito se origina cuando un empleado público solicita o acepta recibir un beneficio económico indebido -una coima o soborno- para ejecutar un acto en el contexto de su cargo.

Hernán Fernández, subdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, explica que no todos los casos de cohecho son de alta complejidad, ya que también se cuenta, por ejemplo, "si alguien que maneja en estado de ebriedad ofrece una coima al carabinero que lo detiene".

El Ministerio Público cuenta con un equipo de 92 fiscales especializados en estas áreas y con una unidad anticorrupción especializada. Además, en varias regiones se han instalado "fiscalías de alta complejidad".

Además, la Fiscalía Nacional también trabaja con instituciones como la Contraloría General y el Consejo de Defensa del Estado: "Constituimos equipos para casos específicos o compartimos información", dice Fernández.

No obstante, según Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, en Chile existe aún "poca denuncia de delitos de corrupción, por lo que se hace dificultoso el trabajo de fiscalía". Para esto, dice, "es necesario generar un sistema de protección tanto a víctimas como a denunciantes".

Durante la última semana ingresaron a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados las indicaciones del Ejecutivo al proyecto que aumenta las penas por cohecho y soborno.

Para Fernández, las penas actuales, al ser bajas, generan una sensación de impunidad "porque la fiscalía puede acusar, pero la sanción que tendrá la persona será baja". Por ello, la tramitación es "muy importante, ya que hace una mayor proporcionalidad de los delitos investigados y las penas relacionadas".

Sistema de protección a denunciantes de casos

Con el fin de asistirse y complementarse, además de generar un sistema de Protección de Víctimas de Corrupción, en junio el Ministerio Público y Chile Transparente firmaron un convenio para trabajar en conjunto en materias anticorrupción. La principal es el ALAC (Advocacy and Legal Advice Centres), una iniciativa internacional que funciona en más de 50 países y que busca facilitar las denuncias ciudadanas sobre delitos a la probidad, pero manteniendo la privacidad de quienes comunican estos hechos a las autoridades. La implementación de este sistema en el país sería un primer paso en la protección de estas personas. Según Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, tras la firma del convenio, hoy se está trabajando en las consultorías, financiadas por la Unión Europea, y se espera que el sistema, que será manejado por ambas instituciones, esté en funcionamiento en marzo del próximo año. 

 

Fuente: El Mercurio

 


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