¿Cómo reportar?

¿Quiénes deben Reportar?

Para prevenir e impedir que se cometan los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile, la Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

Se entiende por operación sospechosa:“todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8º de la ley Nº 18.314 (de conductas terroristas), o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada”.

¿Quiénes son Sujetos Obligados?
  1. Quiero saber más

    En el mismo artículo 3°, la Ley 19.913 establece que “las superintendencias y los demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, estarán obligados a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio ello, estas entidades no estarán sujetas a las obligaciones contenidas en el inciso cuarto de este artículo y a lo dispuesto en el artículo 5º de esta ley, así como tampoco a las sanciones y al procedimiento establecido en el Título II de la presente ley”.

    El artículo 1° inciso segundo de la Ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que “la Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central*, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley”.

    (*Artículo 90 de la Ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, dispone que no se aplicarán al Banco el DL N° 1.097 de 1975; el DFL N° 252 de 1960, salvo sus artículos 36, 83, N°s. 4 y 13, 83 bis, 114, letra a), 120, 126, 127 y 129, ni la Ley N° 18.575.)

    Todas las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el artículo 3° de la Ley N° 19.913 deben registrarse en el Portal de Entidades Supervisadas de este sitio web, y designar un funcionario responsable (oficial de cumplimiento) ante la UAF. Una vez inscritas pueden comenzar a enviar sus reportes en línea, y acceder a las actividades de difusión y capacitación de la UAF.

  2. Reportes en línea

    La Unidad de Análisis Financiero no tiene oficio investigativo. Por tanto, para poder realizar inteligencia financiera, necesita que los sujetos obligados inscritos en el Portal de Entidades Supervisadas le envíen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a través de este sitio web.

    Si, tras analizarlos, la División de Inteligencia Financiera de la UAF detecta señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, la UAF remite confidencialmente uno o más informes al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos.

    Cabe destacar que, además de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), las entidades privadas supervisadas por la UAF deben enviar mensual, trimestral o semestralmente (dependiendo del sector económico al que pertenezcan) los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que superen los USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación.

    A esto se suma que el Servicio Nacional de Aduanas debe enviar a la UAF las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE), o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los USD 10.000, o su equivalente en otras monedas.

    Al igual que los ROS, los ROE y las DPTE deben ser enviados a la UAF a través del Portal de Entidades Supervisadas.

  3. ¿Por qué reportar?

    Los reportes de operaciones que los sujetos obligados a informar remiten a la Unidad de Análisis Financiero son un insumo fundamental para el proceso de inteligencia financiera que realiza la UAF, a fin de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

    Por lo demás, las instituciones supervisadas por la UAF forman parte del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que coordina el servicio y en el cual participan instituciones públicas y privadas, con el propósito de prevenir los efectos adversos de ambos delitos en la economía chilena.

    Como los sujetos obligados son quienes mejor conocimiento tienen de lo que pueden ser eventuales operaciones sospechosas en sus respectivos sectores, es de real importancia que informen oportunamente estos antecedentes a la UAF. Al cumplir con la obligación legal establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, las entidades contribuyen no sólo a elevar la probidad y transparencia del país, sino también a mantener su estabilidad económica y financiera.

    Cabe destacar que, al reportar una operación como sospechosa, las instituciones entregan información útil y pertinente a la UAF para que pueda hacer inteligencia financiera y, con ello, identificar la eventual existencia de indicios de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo. Por tal motivo, la información provista posee el carácter de confidencial, ya que no se trata de una denuncia de un delito, sino que de una sospecha de hechos potencialmente delictuales.

  1. ¿Qué tipos de reportes hay?

    Las personas naturales y jurídicas, así como las superintendencias y demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, están obligados a informar sobre operaciones sospechosas (ROS) que adviertan en el ejercicio de sus actividades y/o funciones.

    Además, las entidades privadas supervisadas por la UAF deben enviar mensual, trimestral o semestralmente (dependiendo del sector económico al que pertenezcan) Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación.

    A esto se suma que el Servicio Nacional de Aduanas debe enviar a la UAF las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE), o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los USD 10.000, o su equivalente en otras monedas.

    Todos los reportes que las entidades supervisadas deben remitir a la Unidad de Análisis Financiero deben enviarse en línea, a través del portal de Entidades Supervisadas de la web: UAF

  2. ¿Qué debo hacer?

    Todos los reportes que los sujetos obligados deben remitir a la Unidad de Análisis Financiero deben ser enviados en línea, a través del portal de Entidades Supervisadas de la página institucional de este servicio.

    Para ello, es condición necesaria que los reportantes estén registrados en el portal de la UAF, y que soliciten una clave de acceso, enviando un correo a registro@uaf.cl

    Esta clave junto, con el RUT, les será solicitado para acceder a los informes en línea.

  3. Infracciones por no Reportar

    La Ley 19.913, que dio origen a la Unidad de Análisis Financiero, detalla en sus artículos 19 y 20 un conjunto de infracciones y sus respectivas sanciones, aplicables a las personas naturales y jurídicas supervisadas por el servicio que incumplan las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo:

    • Infracciones y sanciones leves: corresponden al incumplimiento de las instrucciones que la Unidad de Análisis Financiero imparte a través de circulares.
    • Las sanciones aplicables van desde una amonestación a una multa que puede ascender hasta 800 UF.
    • Infracciones y sanciones menos graves: corresponden al incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Reporte de Operaciones en Efectivo y la mantención de registros, detalladas en los artículos 4º y 5º, respectivamente, de la Ley 19.913.
    • La sanción aplicable va desde una amonestación a una multa de hasta 3.000 UF.
    • Infracciones y sanciones graves: corresponden al incumplimiento de la obligación legal de entregar información y/o de remitir Reportes de Operaciones Sospechosas, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2º letra b y 3º de la ley 19.913.