Ley Nº 20393

Chile ha sido el primer país de Latinoamérica en implementar esta ley

  1. ¿Por qué comenzó a regir esta ley?

    Esta ley estaba dentro de las recomendaciones de la OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo económico) la cual consagra la responsabilidad de las personas jurídicas. Es en este escenario que nace la Ley Nº 20.393 la cual consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

  2. ¿De qué trata esta ley?

    Las personas jurídicas serán responsables de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho o receptación, que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y supervisión.

    Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido.

  3. ¿Qué delitos contempla?

    No sólo contempla el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, como por ejemplo, el lavado de activos no sólo se asocia al tráfico de drogas, sino también por ejemplo, al uso de información privilegiada en el mercado de valores o a la obtención de créditos mediante la obtención de documentación falsa.

  1. ¿Cómo eximirse de responsabilidad penal?

    5 pasos:

    • Designar un encargado de prevención de delitos (Compliance Officer)
    • Proveer de medios y facultades suficientes al encargado.
    • Establecer un Modelo de Prevención.
    • Supervisar el sistema de prevención de delitos.
    • Posibilidad de certificar el Programa de Prevención.
  2. ¿Qué sanciones hay?

    • Disolución de la persona jurídica
    • Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del estado.
    • Pérdida parcial o total de beneficios fiscales.
    • Multa a beneficio fiscal. Éstas pueden ir desde 200 a 200.000 UTM.
  3. ¿De qué sirve certificarse?

    La certificación acredita que la empresa cumplió con su deber de dirección y supervisión, al adoptar e implementar un modelo de prevención. Proporciona a la empresa un testimonio de un tercer experto, objetivo respecto al modelo de prevención. Además, ayuda a posicionar a la empresa como un buen ciudadano corporativo y por ende a potenciar su imagen de marca, como una empresa que se comporta éticamente.