Compliance

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A través de “compliance” o cumplimiento, se busca identificar las áreas de mayor riesgo para la empresa y sus trabajadores, para luego implementar programas preventivos y capacitación adoptando las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas y evitar, de esta forma, verse expuestos a multas o sanciones por parte de las autoridades.
La Actividad de Compliance es preventiva más que correctiva.

La Ley N° 19.913, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003 creó la Unidad de Análisis Financiero (“UAF”), organismo público, que tiene como misión el prevenir e impedir que se utilice el sistema financiero y otros sectores económicos para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La UAF y las Superintendencias han dictado circulares con instrucciones para los sujetos obligados, entre las cuales está la adopción de un sistema de prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conocido comúnmente como programa de cumplimiento o Compliance Program. Con esta legislación Chile elevó sus estándares a niveles internacionales en el funcionamiento de sus controles para la prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Sin embargo, quedaba aún más camino que recorrer.

Consecuencia de la entrada de Chile como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se siguieron recomendaciones que este organismo sugirió, entre las cuales estaba el legislar sobre la responsabilidad legal de las personas jurídicas. Chile cumplió con esta recomendación y el 2 de diciembre del año 2009, se publicó la ley No. 20.393 (“la Ley”) que “Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica”. Esta norma viene a ser una novedad en nuestro sistema jurídico, no así en otras latitudes.

La legislación chilena establece que el blanqueo de fondos también puede originarse en el cohecho, la corrupción, la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada en beneficio propio, la entrega de antecedentes falsos a las superintendencias financieras o al mercado, la trata de personas, el tráfico de armas y el terrorismo y su financiamiento, entre varios otros.

  1. Ley N° 19.913

    La ley No.19.913 creó la Unidad de Análisis Financiero (“UAF”), organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda, que tiene como misión prevenir e impedir que se utilice el sistema financiero y otros sectores económicos para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La UAF y las Superintendencias han dictado normativa con instrucciones para los sujetos obligados, para la adopción de un sistema de prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conocido como Modelo de Prevención de Delitos o Compliance Program.

  1. Ley N° 20.393

    La ley 20.393 consiste en la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público. Al agregarse por esta ley la prevención del cohecho, se obliga a las empresas a ampliar la búsqueda desde las bases de PEP a una lista que incorpore a todos los funcionarios públicos del país.

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José Joaquín Prat Errázuriz

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